El siguiente artículo fue publicado en Infobae en julio de 2024. Puedes leer el original en español aquí.
Aunque el Juzgado de Delitos Ambientales de Ucayali ordenó detener la tala de árboles en la comunidad shipibo-konibo de Caimito, en el distrito de Masisea de Ucayali, la deforestación persiste. Los colonos menonitas continúan con las actividades agrícolas, según denuncian.
Según una investigación del periodista Ronald Suárez Maynas, publicada en el portal Servindi, la responsabilidad recae en los colonos menonitas que, a pesar de las órdenes judiciales, continúan con sus actividades agrícolas, impactando negativamente en las tierras indígenas.
Entre dichas órdenes se encuentra la decisión del Juzgado de Investigación Transitoria de Delitos Ambientales de la Corte Superior de Justicia de Ucayali, que dictó una medida cautelar en diciembre del año pasado ordenando a los menonitas que cesaran sus actividades de tala.
Sin embargo, la deforestación persiste, afectando tanto al medio ambiente como a los medios de subsistencia de unos 500 habitantes de Caimito.
¿Por qué las prácticas agrícolas menonitas afectan a la tierra?
Un informe del Proyecto de Monitoreo de la Amazonía Andina (MAAP ) reveló que se documentaron 929 hectáreas de deforestación en el asentamiento de Masisea, que se produjeron principalmente entre 2017 y 2019, con un ligero descenso en los últimos años.
Según los especialistas del MAAP y otras personas, las prácticas agrícolas intensivas de los menonitas, que incluyen el uso de agroquímicos y maquinaria pesada, no son adecuadas para el ecosistema amazónico, lo que provoca la degradación del suelo.
Así lo confirma Marc Dourojeanni, profesor emérito de la Universidad Nacional Agraria (UNA), quien, además de criticar la pasividad del Ministerio Público ante las acciones de la organización religiosa de origen suizo, ha afirmado que sus prácticas, aunque rentables a corto plazo, se realizan a expensas de la sostenibilidad de la tierra a largo plazo.
Por su parte, Abner Ancón Rodríguez, jefe de la comunidad nativa de Caimito, dijo a Servindi que en octubre de 2023, la Guardia Indígena Shipibo de Caimito logró detener los intentos de los menonitas de iniciar su producción, incluyendo cultivos de soja y arroz en su territorio.
«La Guardia Indígena Shipibo de Caimito [grupo surgido en el seno de la comunidad para proteger su territorio ancestral contra la deforestación] consiguió retirar la maquinaria y los cimientos de las casas que pretendían construir», declaró Ancón.
Sin embargo, paralelamente a las tensiones, la comunidad de Caimito reconoce que la presencia de los menonitas ha generado un notable intercambio comercial entre la población en comparación con los elevados costes de los mercados tradicionales de Pucallpa. Los colonos han desarrollado un comercio eficiente que abastece el mercado local y regional. Según la comunidad indígena, los productos lácteos y agrícolas que ofrecen los menonitas son valorados por su calidad y precios competitivos.
«Nos venden bastante barato, por eso les compramos. No sólo vienen aquí, sino que también van a Masisea», dice Ruth Vásquez Santos, de la comunidad adyacente de San Pedro, en Masisea.
Aunque, Abner Ancón Rodríguez, jefe de la comunidad nativa de Caimito, afirma que este flujo comercial es unidireccional; es decir, no existe un intercambio recíproco y justo entre los menonitas y los shipibos, lo que provoca que sólo una de las partes resulte favorecida.
¿Quiénes son los menonitas?
Un informe del portal latinoamericano SciDev.Net indica que, desde 2017, el grupo religioso ha deforestado más de 7.000 hectáreas en Ucayali y Loreto, violando las leyes forestales y los territorios indígenas.
Asimismo, la Asociación para la Conservación de la Amazonia (ACCA) informa de que cinco colonias menonitas de Perú, Vanderland, Osterreich, Providencia, Chipiar y Masisea, deforestaron 2.426 hectáreas entre enero de 2022 y agosto de 2023.
Ante esta situación, la Organización Distrital Indígena Masisea (ORDIM) declaró sus territorios en estado de emergencia, utilizando mecanismos de seguridad colectiva para protegerse.
También denunciaron problemas como la tala ilegal, el cultivo de hoja de coca y la explotación de recursos por empresas externas que amenazan a los Pueblos Indígenas en aislamiento voluntario de la región amazónica.