La República Democrática del Congo (RDC), como tantos otros países del mundo, lucha por proteger sus bosques. La selva tropical del Congo es la segunda más extensa del mundo y abarca seis países. De estos seis países, la RDC contiene la mayor superficie de selva tropical, con 107 millones de hectáreas, lo que supone el 60% de la cubierta forestal de las tierras bajas de África Central. Estos bosques antiguos son sumideros esenciales de carbono y amortiguan a esta región y al mundo de la cada vez más devastadora crisis climática, del mismo modo que ofrecen un suministro agroecológico de alimentos a las comunidades que viven en el bosque y sus alrededores. La selva tropical del Congo también es conocida por sus altos niveles de biodiversidad, con más de 600 especies de árboles y 10.000 especies animales, incluido un hábitat crítico para los primates. Las comunidades y pueblos indígenas que viven en la región de Kivu (provincias de Sud-Kivu y Maniema), cerca de las zonas protegidas del este de la RDC, protegen la selva y obtienen de ella una dieta tradicional basada en alimentos silvestres.
El Fondo para la Agroecología, con el apoyo financiero de la Fundación Arcus, la Fundación David y Lucile Packard, Synchronicity Earth y otros, apoya una iniciativa de colaboración en la Cuenca del Congo (CB) centrada en el nexo entre la agroecología dirigida por las bases y la conservación basada en los derechos y dirigida localmente. Una de las colaboraciones que se están llevando a cabo en la RDC está dirigida por la red Congo Basin Conservation Society (CBCS), y también incluye a la Association des Agriculteurs Sans Frontières (AASF) Bukavu, responsable de la formación agroecológica; la Société Civile Environnementale et Agro Rurale du Congo (SOCEARUCO), que se encarga de formar a los responsables políticos para que apoyen la transición agroecológica en las decisiones políticas locales y nacionales, y el Institut Supérieur de Développement Rural (ISDR)-Kindu, que se encarga de la investigación científica sobre los bosques. El objetivo principal de este trabajo es apoyar la gobernanza forestal, la conservación y la agroecología dirigidas por las comunidades.
Durante el último año, se ha producido un gran impulso comunitario con esta iniciativa, allanando el camino hacia un futuro aún más arraigado en la agroecología. El trabajo incluye la puesta en marcha de acciones prácticas para reforzar la producción de alimentos para la seguridad alimentaria y el acceso a los mercados, así como campañas para sensibilizar a la sociedad y a las autoridades políticas locales para que protejan el bosque. Tras una campaña de sensibilización de los líderes locales de las zonas forestales, éstos tomaron medidas para detener las talas ilegales. Se han incrementado las oportunidades empresariales, especialmente para las mujeres, con el fin de impulsar la economía local, al tiempo que se combaten los efectos de la grave sequía debida al cambio climático. Sin embargo, el trabajo no está exento de dificultades.
Mientras la Sociedad para la Conservación de la Cuenca del Congo (CBCS) se prepara para participar en la Cop 16 en Colombia con el fin de ayudar a seguir y orientar la aplicación de las Estrategias y Planes de Acción Nacionales sobre Biodiversidad (EPANB ) para alinearse con el Marco Global de Biodiversidad de Kunming-Montreal -querecomienda la conservación de los bosques hasta el 30% del territorio nacional-, los activistas de la sociedad civil de la RDC, que hacen campaña día y noche contra la destrucción de los bosques del país, siguen viéndose amenazados por las empresas madereras. Según una auditoría gubernamental de 2022, la tala industrial en el Congo implica muchas controversias con el cumplimiento de la normativa medioambiental y violaciones de los derechos de las comunidades, y el proceso de concesión de licencias no es transparente. De hecho, los últimos seis ministros de Medio Ambiente, las mismas personas encargadas de hacer cumplir la normativa medioambiental, están acusados de vender ilegalmente enormes extensiones de ésta, según la auditoría, que revisó la tala industrial del Congo a partir de 2020.
En agosto de 2020, Josué Aruna, director ejecutivo de CBCS, recibió una llamada anónima en la que se le amenazaba a él y a su familia si continuaba con su labor medioambiental y de derechos humanos. Ahora, en un incidente reciente, una red de madereros ilegales está aprovechando su fuerte posición económica debido a la explotación de los bosques para emprender acciones legales contra el defensor del medio ambiente Yahya Mirambo, que actúa en nombre de la comunidad local y a favor del medio ambiente y los derechos de las comunidades. Estos son sólo un par de ejemplos de amenazas continuas al uso justo de la tierra y a los derechos. La falta de defensa de estos derechos comunitarios en la RDC cuesta caro al planeta por su impacto global en el cambio climático y la pérdida de biodiversidad. Tiene graves consecuencias para la economía y la vida de los propios congoleños, incluida su seguridad alimentaria.
CBCS y las organizaciones de la sociedad civil denuncian estas amenazas y manipulaciones legales, que pretenden desalentar la importante labor de los defensores del medio ambiente y de los derechos humanos. CBCS busca la solidaridad internacional para ayudar a detener esta injusta persecución. Mientras nos dirigimos a las negociaciones globales sobre biodiversidad y conservación de los bosques en la COP16 de Colombia, sería negligente ignorar la preocupante situación en la RDC y en comunidades de todo el mundo, incluida Colombia. Según la organización no gubernamental internacional Global Witness, Colombia es «el país más mortífero del mundo para los defensores de la tierra y el medio ambiente». El informe anual 2024 de la organización, Voces Desaparecidas: The Violent Erasure of Land and Environmental Defenders, contabiliza 79 defensores asesinados en Colombia en 2023, el 40 por ciento de todos los casos denunciados en el mundo.
Muchos países que albergan los bosques que tanto necesitamos conservar y restaurar, también albergan economías caracterizadas por la extracción insostenible de recursos naturales. Estos cálculos económicos perversos y los abusos de los derechos humanos que los acompañan perjudican tanto a las personas como al planeta. Es el momento de que las conversaciones de la COP16 y la COP 29 insistan en salvaguardar los derechos de las comunidades indígenas y locales. La filantropía climática puede conectar los puntos entre el clima, la agroecología, los derechos territoriales indígenas y la conservación dirigida por la comunidad. Cuando apoyamos a organizaciones como CBCS y expresamos tolerancia cero ante la persecución de los defensores del medio ambiente, ganamos todos: Bosques sanos, alimentos sanos y biodiversidad que afirma la vida.