La prohibición constitucional
En 2008, agricultores y activistas de todo el mundo aplaudieron a Ecuador y a su recién elegido presidente Rafael Correa por prohibir semillas y cultivos genéticamente modificados (GM) a través de su nueva Constitución. Esta prohibición constitucional fue la primera de su tipo y parte de un compromiso nacional igualmente único y explícito con la soberanía alimentaria. La sociedad civil desempeñó un papel importante en la redacción de la legislación posterior.
Sin embargo, pocos saben que ya en 2012, Correa declaró públicamente que la prohibición de los transgénicos fue un ‘grave error’ impulsado por ‘activistas de izquierdas’. Desde entonces, ha defendido que Ecuador desarrolle un centro nacional de investigación en transgénicos, argumentando que tener Ecuador con sus ‘propios’ transgénicos implicaría una forma ejemplar de soberanía alimentaria. Hasta hace poco, esto parecía poco probable. Pero una nueva ley de semillas abierta abrió la puerta al plan de Correa, por inconstitucional que fuera, cuatro días antes de que dejara el cargo.
¿Quién controla nuestras semillas?
Tras 5 años de debate, en mayo de 2017 el parlamento ecuatoriano aprobó una nueva ley sobre agrobiodiversidad y semillas que fue recibida por la sociedad civil con sentimientos encontrados. Por el lado positivo, la ley protege las semillas tradicionales, autóctonas y de agricultores y declara que estas pueden intercambiarse y venderse sin necesidad de certificación, pero al mismo tiempo varios otros artículos contradicen claramente este derecho, dejando abierta la puerta a futuros conflictos entre el Estado y los agricultores. La ley mantuvo, e incluso reforzó, la prohibición constitucional de semillas y cultivos genéticamente modificados.
Pocos días después de la aprobación parlamentaria de la nueva ley, y a la espera del visto bueno presidencial, que parecía solo una formalidad, circuló el impactante rumor de que Correa la vetaría porque quería levantar la prohibición de los transgénicos. Todo esto ocurrió mientras el parlamento estaba en transición tras las elecciones de febrero.
El rumor resultó ser cierto.
Tan pronto como esto se confirmó, los grupos de agricultores y activistas alimentarios de Ecuador, atentos y bien organizados, actuaron. Solo quedaban dos semanas para la votación parlamentaria del 1 de junio: muy poco tiempo para movilizar al público y convencer a los parlamentarios, en un contexto político muy desfavorable.
Como prioridad, nos dirigimos directamente a los parlamentarios mediante llamadas telefónicas, cartas, mensajes de WhatsApp, visitas personales y reuniones informativas, e informábamos de a) los peligros de las semillas y cultivos transgénicos, b) la inconstitucionalidad del veto y c) la oposición pública existente. Se circularon peticiones improvisadas entre nuestras redes y generaron una serie de cartas a parlamentarios tanto de dentro como de fuera de Ecuador que, en palabras de uno de ellos, fue ‘impresionante’ teniendo en cuenta el corto plazo. También nos dirigimos a la prensa y movilizamos una campaña en redes sociales, lo que dio visibilidad a la protesta generalizada contra la entrada de los transgénicos.
El 1 de junio, pocos días antes de que el sucesor de Correa, Lenin Moreno, tomara posesión como presidente, el nuevo parlamento aprobó la enmienda de Correa a la ley, aunque cabe destacar que todos los parlamentarios de los partidos de oposición la rechazaron o se abstuvieron. Este paso permite efectivamente la entrada de semillas genéticamente modificadas en el país ‘con fines de investigación’. Sin embargo, los líderes y activistas agricultores argumentan que nadie invertirá en investigación si no hay posibilidades de vender los resultados.
La pelea continúa
Sin embargo, los ciudadanos de Ecuador no se rinden. Se están desarrollando diversas estrategias, incluyendo apelaciones ante el Tribunal Constitucional, considerando que la nueva ley es claramente anticonstitucional, tanto el proceso (la forma en que se impuso) como sus conceptos. También estamos trabajando con provincias y municipios para declarar ‘zonas libres de OGM’. Se están construyendo nuevas alianzas, con otras personas y organizaciones afectadas por la nueva ley, incluidos exportadores agroalimentarios que corren el riesgo de perder mercados, como en el caso de los productores de plátano ecológico.
En todo el país, el 21 de junio tuvieron lugar manifestaciones ante instituciones federales y provinciales en las que participaron una gran variedad de movimientos y colectivos. No es casualidad que también fuera el día del solsticio o Inti Raymi, que en la cultura andina marca el inicio de un nuevo ciclo de crecimiento. En una primera victoria, una alianza de cocineros y agricultores agroecológicos convenció al alcalde de la ciudad norteña de Cayambe para que anunciara el distrito ‘libre de transgénicos’.
Ecuador tiene una larga tradición de resistencia civil fuerte, pacífica y eficaz. La oposición a los cultivos y semillas genéticamente modificados es muy extendida. Existe una creciente preocupación por la calidad de los alimentos, los medios de vida y los daños al medio ambiente. Por ello, seguiremos defendiendo nuestro derecho a producir y consumir alimentos saludables y sin transgénicos locales, producidos por los numerosos agricultores y agricultoras a pequeña escala del país.
¿Qué puedes hacer?
- Haz clic aquí y envía un mensaje al presidente ecuatoriano Lenín Moreno: https://www.change.org/p/a-la-corte-constitucional-queremos-un-ecuador-libre-de-semillas-y-cultivos-de-transg%C3%A9nicos-en-ecuador
- Lee: Los Transgénicos en Debate: http://www.allpachaski.com/2015/10/los-transgenicos-en-debate/
- Comparte este cartel sobre agroecología frente a la producción de alimentos basada en OGM
- Sigue la campaña Qué Rico Es! en Facebook para actualizaciones regulares (en español): http://www.facebook.com/quericoescomersano
Por Janneke Bruil, Colectivo Agroecológico, y Javier Carrera-Andrade, Red de Guardianes de Semillas (Ecuador)